Cuatro fueron las mesas de trabajo que tuvo el Seminario sobre Discapacidad e Inclusión Social y en cada una de ellas se buscó conocer las opiniones de personas con discapacidad y de quienes trabajan junto a ellos en busca de mejoras sociales.
Aquí dejamos parte de las conclusiones que se rescataron de la extensa jornada del martes 21 de agostos, en el Congreso Nacional, y que fueron publicadas por el sitio web de la Cámara de Diputados.
Mesa de Trabajo A: ¿Cómo afecta la discapacidad? Problemas prácticos y diagnóstico
Los participantes concordaron en que es necesaria una mayor fiscalización y postularon la posibilidad de convertir al Senadis en una Superintendencia, con facultades de fiscalización y sanción.
También criticaron falta de empatía de la población, es decir, ponerse en el lugar de la persona con discapacidad; generar normas de construcción inclusivas; mejorar el trabajo intersectorial; y diseñar circuitos de desplazamiento en las calles con acceso a personas con discapacidad.
Mesa de Trabajo B: Integración. Transición de educación al trabajo
El grupo B determinó la existencia de variadas barreras, desde las culturales, en donde estimaron necesario un cambio de mentalidad, eliminando prejuicios y mitos, a la falta de planes y estrategias que potencien la empleabilidad.
Además, estimaron necesario reglamentar temas como la inclusión, salario y accidentes laborales y definir una eventual ley de cuotas o subvención para el desarrollo de tecnologías de bajo costo.
Asimismo, establecer la obligatoriedad de la inclusión en la educación privada, en sus distintos niveles y considerar la variable de la discapacidad en la formación de todos los profesionales.
Mesa de Trabajo C: Acceso a la salud: prevención, rehabilitación y protección social
Dentro de los consensos de este grupo se reconocieron dificultades en el acceso, principalmente en comunidades rurales; falta de financiamiento estatal para las políticas que benefician al mundo de la discapacidad; considerar detalles en la atención cotidiana (adaptar camillas medicas y otros implementos); eliminar barreras de edad (24 años) para acceder a beneficios sociales o para obtener derechos a pensión (hasta 18 años).
También se propone que todos tengan acceso a bonos de libre elección; que no haya restricción para quienes obtienen subsidio de discapacidad mental y pensión básica solidaria; que la protección social sea transversal, independientemente del grupo etario y condición socioeconómica; y potenciar el registro nacional de la discapacidad como agente facilitador para el acceso a beneficios y servicios tanto públicos como privados.
Mesa de Trabajo D: Autonomía en el ejercicio de los Derechos
Finalmente, el grupo D se propuso líneas de acción en cuatro ámbitos:
a) Acceso a la justicia: capacitar a funcionarios del poder judicial; tener equipos especializados y peritos de apoyo en cada comuna; y facilitar el acceso a la justicia, considerando que algunas personas con discapacidad profunda son interdictos.
b) Capacidad jurídica: respetar la capacidad jurídica (tutores y curadores); no priorizar los lazos parentales, sino considerar a quienes están realmente vinculados a las personas.
c) Derechos políticos: votos con foto del candidato y en sistema Braille; lugares de votación accesibles; cuotas para integrar el Congreso; participación en la discusión de políticas públicas (compromisos ministeriales).
d) Cambio cultural: la discapacidad dentro del enfoque de derechos humanos, generando un cambio no solo en las personas sin discapacidad, sino que también dentro de las personas con discapacidad, quienes muchas veces desconocen de sus derechos y deberes.
