En una columna publicada por el Centro de Investigación Periodística (Ciper), la docente de la Universidad de Chile Gina Basso* relata el incumplimiento por parte del gobierno chileno en la entrega de un informe evaluativo a la Organización de Naciones Unidas (ONU) comprometido para 2010, es decir, dos años después de que el país ratificara la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Convenio Facultativo.
En Integrados hemos seleccionados los párrafos más importantes de la denuncia hecha por la profesional para compartirlo con ustedes:
«El 29 de julio de 2008 Chile ratificó la ‘Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad’ junto al Protocolo Facultativo, como cuerpo normativo y operativo que rige para todos los países adherentes. La firma de ese tratado internacional representa un hecho histórico ya que involucra a un centenar de países del orbe que se comprometen a ‘…promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad’…
Para vuestro conocimiento, el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), debió enviar al menos a fines de 2010 un informe evaluativo de las acciones realizadas en pro de las personas con discapacidad en el marco del convenio que Chile firmó, haciendo un recuento de lo efectuado.
La travesía de este documento evaluativo, exigido por la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha sido impresionante. El SENADIS envía tardíamente un borrador al Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL), y allí permanece y es corregido para que cumpla con los estándares internacionales y se hace llegar al Ministerio de Desarrollo Social el 11 de enero de 2012, donde actualmente se encuentra según informó el director de Derechos Humanos de la Cancillería.
Esta evaluación del desarrollo, aplicación e implementación de las políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad, debe volver al MINREL, entidad que tramitará su entrega oficial a la ONU. Estamos hablando de casi dos años de un vergonzoso atraso acompañado de la nefasta burocracia que aún caracteriza a nuestro país.
Estos son los hechos que la ciudadanía debe conocer y su real trascendencia. Los voceros de gobierno persisten en señalar con propiedad sobre el respeto a las diferencias, la igualdad de oportunidades, los derechos de las personas y un sin número de frases que sólo oscurecen una verdad innegable: el desamparo, la falta de conciencia social, la discriminación comprobada, la violencia, aún presente y absolutamente visible para quienes son considerados ‘diferentes'».
Para leer la columna completa, visita el sitio de Ciper.
* Docente especialista de la Universidad de Chile, consultora de proyectos sociales y asesora profesional de organizaciones de y para personas con discapacidad.
