Sólo un 24,1%, de un total de 1 millón 179 mil personas con discapacitadas en edad de trabajar, se encuentra ocupado en Chile, según informó a los diputados de la Comisión de Superación de la Pobreza el director del Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), Oscar Mellado.
La autoridad señaló que los datos son parte de un estudio encargado por el Senadis a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la línea de detectar la realidad en Chile sobre este tema y promover mejoras en la inserción laboral de las personas con discapacidad.
“El diagnóstico señala que se requiere avanzar significativamente en la inserción laboral de las personas con discapacidad”, sentenció el representante del Gobierno.
Indicó que del total de personas con discapacidad en edad de trabajar (15 años y más), un 2,3% se encuentra desocupado y un 73,6% inactivo. Acotó que las razones para esto son varias, considerándose dificultades tanto en el mercado laboral como en la misma disposición de estas personas y sus familiares.
En esta última línea, por ejemplo, se detectó que sólo el 10,7% de la población con discapacidad inactiva aceptaría una oferta de trabajo remunerado. Asimismo, hubo coincidencia en señalar que el prejuicio es una de las principales barreras en el mercado laboral, particularmente para con los que poseen discapacidad mental, aunque se reconocieron avances.
Mellado dijo que el conocimiento de la legislación es escaso y que se pudo dar cuenta de la coexistencia de distintas miradas: las que apelan a un rol más activo del Estado; las que no ven los subsidios como buen instrumento; y las que señalan que con la legislación no es suficiente para los avances que se requieren.
Comunicó que la visión de los gremios empresariales acerca de los instrumentos de política pública es una mezcla entre un desconocimiento respecto de estos y una visión de que son inadecuados o que no se ajustan a las realidades. “Uno de los aspectos que surge desde el análisis de las entrevistas es que la influencia de la normativa no ha sido un factor decisivo”, sentenció.
Planteó que la inclusión laboral debe estar inserta dentro de un programa de formación, de a lo menos 8 meses, contando con un grupo interdisciplinario que prepare a la persona con discapacidad para la labor a desarrollar. La inserción debe ser gradual y con un acompañamiento que paulatinamente se va distanciando, pero siempre presente.
En cuanto a las personas que ya poseen empleo, el estudio detectó niveles considerables de precariedad. El 28,3% de las personas con discapacidad ocupadas no tiene contrato de trabajo, en tanto que en la población sin discapacidad la cifra sólo alcanza al 17,6%. Asimismo, se determinó que el 53% de los discapacitados con ocupación está afiliado a un sistema previsional y el 44% cotiza actualmente.
En todo caso, Mellado dijo que se constataron diversas realidades según el tamaño de la empresa, la existencia de una mutual y otros factores que influían en una verdadera inserción de los trabajadores que adquieren una discapacidad
Informó que, para los empresarios, la inclusión laboral de las personas con discapacidad pasa por destacar y reconocer sus capacidades. “Pero además porque las personas con discapacidad tengan capacidades reales. Existiendo un desfase entre la oferta y la demanda”, resaltó.
En esta línea, informó que los ocupados con discapacidad con escolaridad más alta trabajan en empresas de mayor tamaño; se desempeñan en mayor proporción como empleados; cuentan con más frecuencia con contrato de trabajo a plazo indefinido; y cotizan en el sistema previsional.
Oscar Mellado indicó que, conforme a los datos obtenidos, se determinó la necesidad de generar una política pública de inserción laboral de los discapacitados, que sea bien difundida y que considere, entre otros aspectos, una intervención temprana, con programas de rehabilitación vocacional de manera de incrementar la productividad de las personas con discapacidad y desarrollar sus competencias para participar en el mercado de trabajo; y realizar un trabajo con las familias y entorno de las personas con discapacidad.
Planteó que también se debe contribuir a mejorar sustantivamente la oferta pública y privada existente a través de la evaluación, articulación y creación de iniciativas orientadas a la inserción laboral de las personas con discapacidad; promover la rehabilitación, capacitación, acceso a distintas modalidades de trabajo, apoyo financiero y mejoramiento de la intermediación; y dar apoyo a las empresas que desarrollan programas, con metodologías, estrategias de intermediación e instrumentos.
Finalmente, en materia de marco legal, estimó necesario coordinarlo y sistematizarlo con normativas sectoriales, generando un instrumento único en materia de inserción laboral; revisar algunas normas que no cumplen con los objetivos o que entraban al mercado, como por ejemplo, el ingreso mínimo en contratos de personas con discapacidad, el cual no es exigible; e implementar adecuadamente las normas legales que deben ser aplicadas por las empresas, y que fomentan la inserción o protección laboral, como por ejemplo, los ajustes necesarios que deben ser contemplado por el Reglamento Interno de una Empresa y el contrato de aprendizaje.
Fuente: Cámara de Diputados.
