La campaña por la presidencia de Chile continúa y ahora es el turno de los partidos de Unidad Constituyente, que realizarán una consulta ciudadana para decidir quién será su candidata o candidato.
La carrera para ser candidatas o candidatos presidenciales sigue, porque el próximo 23 de agosto se deben inscribir en el Servel los nombres de las personas que irán en la papeleta de votación.
Por este motivo, los partidos Por la Democracia (PDD), Radical, Socialista, Democracia Cristiana, Progresista (PRO), Ciudadanos se unieron en el pacto Unidad Constituyente y junto al Partido Liberal y Nuevo Trato realizarán una consulta ciudadana este sábado 21 de agosto, para decidir su representante en la elección presidencial.
Yasna Provoste Campillay de partido Democracia Cristiana, Paula Narváez Ojeda del partido Socialista y Carlos Maldonado Curti del partido Radical son las candidatas y el candidato presentes en la papeleta de la Consulta Ciudadana, y de quienes revisamos sus propuestas sobre discapacidad expresadas en sus programas, dispuestos en sus respectivos sitios web.
En la Consulta Ciudadana podrán participar personas que militen en los partidos de Unidad Constituyente, el Partido Liberal y Nuevo Trato, más personas independientes, es decir, que no estén afiliadas a un partido político.
Las personas podrán votar en la comuna donde tenían el domicilio electoral para las primarias de Gobernadores, desarrollada en noviembre de 2020. Los locales de votación pueden ser revisados en el sitio web de la Consulta Ciudadana: https://consultaciudadana2021.cl/locales-de-votacion/.
A continuación, presentamos sus propuestas sobre discapacidad de acuerdo al orden de sorteado para la Consulta Ciudadana.
Yasna Provoste Campillay, Democracia Cristiana
Eje I. Modelo Socioambiental de Desarrollo Económico Justo
I.1. Empleabilidad y Trabajo Digno
Trabajo digno
Fortaleceremos los mecanismos para proteger el derecho a la no discriminación en el empleo; garantizaremos que las empresas hagan las adecuaciones y ajustes necesarios para la incorporación de personas con discapacidad; avanzaremos en la protección a la vida privada, otorgando derechos para que los trabajadores puedan proteger efectivamente sus datos personales en el trabajo; y restringiremos la subcontratación de las actividades pertenecientes al giro principal de las empresas.
I.4. Ciencia para Desarrollar Chile
Reformas a Becas Chile
Reformaremos Becas Chile, con énfasis en potenciar el desarrollo económico, social y cultural del país. Las becas para programas de postgrado desarrollados por universidades chilenas serán reforzadas, y aquellas para postgrados en el extranjero se focalizarán en áreas estratégicas que sean necesarias de fortalecer en comparación con la oferta local. Se modificarán las formas de retribución, revisando decretos de aranceles y asignando un porcentaje de las becas a las áreas prioritarias según se defina en la estrategia de grandes retos ya señalada. Se considerarán en la asignación de las becas criterios de descentralización y de inclusión (equidad de género, LGBTI+, personas en situación de discapacidad, miembros de pueblos originarios).
Eje II. Protección y Oportunidades para un Nuevo Chile
II.4. Salud de calidad al alcance de todas y todos
La propuesta de salud que presentamos a continuación considera los siguientes principios:
- Inclusión: Pondremos énfasis en el respeto a las diversidades, plurinacionalidad y convivencia intercultural, desde el nacimiento hasta la muerte, entrelazando las distintas realidades socioculturales en todo el proceso salud-enfermedad y respetando la interculturalidad. Especial énfasis tendrá la protección de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultas/os mayores en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, personas pertenecientes a pueblos indígenas, migrantes y personas de la diversidad sexual (LGBTIQ+).
III. Eje de Buen Vivir en Comunidad
III. 6. Justicia y Derechos Humanos: Un nuevo pacto
5. Derechos Humanos
- Formación de calidad en materia de derechos humanos para las policías, así como para las Fuerzas Armadas (ver sección sobre Defensa). Dentro de ello, y en conformidad con el criterio transversal de inclusión, promoveremos en especial la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres, la población LGTBIQ+, las personas pertenecientes a pueblos originarios o en situación de discapacidad, y los migrantes, frente al actuar de las fuerzas de orden y seguridad.
III.7. Culturas, Artes, Patrimonio. Derechos de un nuevo Chile
2. Acoger y fomentar la diversidad cultural de nuestro país y de los pueblos originarios
- Cultura inclusiva y con perspectiva de género. Diseñaremos políticas culturales para el acceso de personas con discapacidad física, visual y auditiva a la oferta cultural. Paridad en las autoridades y trabajadores culturales designadas por el Estado. Fomentar proyectos que visibilicen la perspectiva de género, así como aquellos contra la violencia hacia las mujeres y diversidades.
Eje V. Un Chile inclusivo
V.1. Niñez, Juventud y Adolescencia
Un país que acompaña el desarrollo de la niñez y adolescencia
- Ampliaremos gradualmente el subsistema de protección social “Chile Crece Contigo” hasta los 18 años de edad, de manera de acompañar el desarrollo de niños, niñas, adolescentes y sus familias con énfasis en NNA en situación de discapacidad, pertenecientes a pueblos indígenas y adolescentes embarazadas.
V.4. Una sociedad inclusiva y diversa
Entendemos por inclusión el proceso a través del cual las personas acceden con equidad a la calidad de vida que caracteriza a sus respectivas sociedades. Inclusión social es democracia, por cuanto ofrece espacios de participación a todos y todas que permiten no sólo desarrollar trayectorias de vida justas, sino que también aportar, desde ellas, a los demás.
Una sociedad inclusiva distribuye su desarrollo con justicia entre quienes la integran, y eso beneficia a toda la comunidad. Sin embargo, hoy Chile ofrece una larga lista de inequidades asociadas a diferencias propias de la naturaleza humana. En Chile las mujeres, los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad, la población LGBTIQ+, los pueblos originarios, los migrantes, y los niños, niñas y adolescentes con diferentes ritmos y formas de aprendizaje, por nombrar a algunos, viven discriminación a diario, lo que se traduce en acceso injusto al bienestar y espacios de participación que ofrece el país.
En Chile el acceso a educación, a salud, al trabajo, transporte, y a todo lo que se considera normal para el ciclo de vida de cualquier persona, refleja inequidades e incluso, vulneración de derechos asociadas a nuestras diferencias en cuanto seres humanos. Estas desigualdades cruzan todos los grupos socioeconómicos, pero se concentran en los más vulnerables socioeconómicamente, porque la discriminación y exclusión social empujan hacia la pobreza.
Según datos de la Encuesta Nacional de la Discapacidad 2015 (ENDISC 2015), en Chile el 5,8% de los niños, niñas y jóvenes presenta discapacidad, y un 20% de la población adulta.
El censo 2017 indica que el 13% de la población se reconoce como perteneciente a un pueblo originario y que el 11,4% de la población es adulto mayor. El Registro Civil registró, para el mismo año, que el 14% de los nacimientos fue de madre migrante; y de acuerdo a estimaciones internacionales, el 10% de la población pertenecería a la diversidad sexual. Por último, y también según el censo 2017, el 51% de la población es mujer.
La inclusión repercute en la calidad de vida de todas estas personas, y de sus familias. El modelo socioambiental que proponemos, poniendo las personas y su dignidad al centro, aborda estos desequilibrios para que el género, el origen social o étnico, la creencia religiosa, o la situación de discapacidad, entre otras variables, no represente barrera. Para que las personas no sientan que la discriminación pone límite a sus capacidades. Este será un sello de nuestro gobierno, y será asumido de manera transversal.
Transformar a Chile en una sociedad inclusiva requiere de cambios políticos, culturales y técnicos, porque en todos estos espacios hoy existen obstáculos a la participación para diferentes grupos de la población. Construiremos políticas que permearán todos los sectores del Estado para lograr que el acceso al bienestar y participación no dependan de nuestras diferencias como seres humanos.
Educación inclusiva, el primer paso para un Chile inclusivo
Impulsar cambios en nuestro sistema de educación para convertirlo en uno inclusivo tiene un doble propósito. Por un lado, equidad de oportunidades de aprendizaje: trayectorias educativas justas; por el otro, la inclusión ofrece la posibilidad de crecer en diversidad, a reconocerla y valorarla, colaborando con la cohesión social que tanto necesitamos como país.
Trabajaremos por incrementar la educación inclusiva en todos los establecimientos educativos, de todos los niveles, tipo y dependencia. Nuestras propuestas son las siguientes:
- Mejorar sistemas de identificación y atención temprana de NNA con discapacidad o rezago del desarrollo, a través de mejoras en el programa Chile Crece Contigo que permitan entregar apoyos de manera oportuna.
- Modificar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación para convertirlo en un sistema inclusivo que promueva la educación de calidad. Al mismo tiempo, fortalecer las capacidades de la Superintendencia de Educación para fiscalizar la normativa relacionada a inclusión educativa.
- Reformular el sistema de financiamiento para que todos los establecimientos, sin distinción de tamaño, dependencia y ubicación geográfica, ofrezcan educación con equidad y sin exclusión. La equidad de oportunidades educativas debe existir dentro de cada escuela, y también entre escuelas.
- Introducir transformaciones en el currículum para incorporar principios de diversificación del aprendizaje que permita acercar el aprendizaje a todos, así como contenidos que apoyen la formación para una participación ciudadana responsable en una sociedad diversa
- Reformular los actuales programas de provisión de apoyos a estudiantes con discapacidad, ritmos y formas de aprendizaje diferentes, diversidad sexual, pueblos originarios, migrantes o vulnerables socioeconómicamente para incrementar su capacidad de atender las necesidades educativas de la diversidad de estudiantes, de operar de manera articulada en relación a sus objetivos, coordinada en relación a sus procedimientos, e incrementando cobertura.
- Incorporar en el sistema de acreditación de instituciones de educación superior técnica y universitaria, criterios e indicadores relacionados con inclusión de estudiantes mujeres, pueblos originarios, migrantes, diversidad sexual, y en situación de discapacidad, y con el desarrollo de competencias necesarias para que sus egresados aporten a una sociedad inclusiva.
- Incrementar la accesibilidad en la transición desde educación general a educación superior que administra el DEMRE, incorporando diseño universal en el sistema de admisión.
- Promover y apoyar la instalación de una Unidad de Inclusión en las Instituciones de Educación Superior, como parte de la estructura de gobernanza, que trabaje transversalmente componentes relativos al acceso, trayectoria y egreso de las instituciones y acceso al mercado laboral.
Accesibilidad en las actuales políticas del Estado
Las políticas públicas, en general, intentan revertir diferencias que ya representan resultados de inequidad indeseable, como las inequidades socioeconómicas. Muchas veces entonces, las mismas normativas, planes y programas que impulsa el Estado, reproducen la discriminación, por desconocer la diversidad que caracteriza a la población que atienden.
Para modificar esta realidad proponemos:
- Revisar, y reformular cada vez que corresponda, las principales políticas de salud, trabajo, transporte, vivienda y desarrollo regional en caso que identifiquemos como necesaria la incorporación elementos que permitan respetar y atender de mejor forma la diversidad de la población que atienden.
- Incorporar en las metodologías de evaluación social de proyectos que utiliza el Ministerio de Desarrollo Social y Familia estándares mínimos de accesibilidad para la diversidad y/o mecanismos que permitan capturar los beneficios de medidas pro inclusión.
- Atención inclusiva a público: avanzaremos en que las oficinas estatales de atención al público cuenten con características que permitan que todos los programas que se ofrecen a través de ellas sean accesibles a toda la población. Importa, por ejemplo, que la infraestructura sea accesible, que la entrega de la información también lo sea, que el trato al usuario sea libre de discriminación, entre otros.
- Formación en diversidad, equidad e inclusión a funcionarios de instituciones públicas que provean de servicios relevantes en la vida de las personas (por ejemplo, servicios de salud, policías, Gendarmería).
Gestión del Estado inclusiva
El Estado no sólo debe promover políticas públicas inclusivas, sino que también debe gestionarse a sí mismo de manera inclusiva. Hacerlo permitirá ofrecer oportunidades justas de manera directa, y también apoyar los cambios culturales que la inclusión requiere en toda la sociedad. Para lograrlo, proponemos las siguientes medidas:
- Programa de gestión de personas en el Estado inclusivo, de modo que la dotación de funcionarios públicos, incluyendo los cargos de liderazgo, sean reflejo de la diversidad de personas que integramos la sociedad y, por lo tanto, sean ejercidos, por ejemplo, por personas en situación de discapacidad, por quienes integran la diversidad sexual o pueblos indígenas. La medida incluye nombramientos en cargos de confianza.
- Incorporar en el sistema de PMGs (Programas de mejoramiento a la gestión) conceptos de diversidad, equidad e inclusión que lleguen, paulatinamente, a todos los servicios públicos hacia una gestión inclusiva.
Otras políticas en favor de la diversidad, equidad e inclusión
De manera complementaria a las medidas ya señaladas, proponemos iniciativas que permitirán dotar al Estado de institucionalidad permanente acorde a los desafíos, y también de políticas sectoriales que requieren ser reformuladas o creadas. En concreto:
- Crear el Observatorio de la Diversidad, Equidad e Inclusión, a cargo del levantamiento de información para la toma de decisiones en política pública de diversidad, equidad e inclusión y el monitoreo del cumplimiento de compromisos internacionales y normativa nacional en la materia.
- Creación de Fundación Presidencial para la Promoción y Desarrollo de la inclusión de la población LGTBIQ+.
- Incrementar la accesibilidad en el transporte público y movilidad con equidad territorial y, en todas sus modalidades, a través de la incorporación de principios de accesibilidad en la normativa para la oferta pública de transporte, el uso privado de transporte, e infraestructura de servicio para el transporte.
- Modificar Ley 19.779 en la creación de un consejo Nacional de Prevención del VIH. Incrementar cobertura de la estrategia nacional en torno al VIH y la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS).
- Incrementar cobertura y simplicidad en el acceso a ayudas técnicas para personas en situación de discapacidad.
Forma de implementarlo
Proponemos la creación de una Unidad de Diversidad, Equidad e Inclusión con facultades para coordinar y monitorear la agenda de iniciativas que cada Ministerio tiene bajo su responsabilidad en relación con políticas de diversidad, equidad e inclusión.
Fuente: https://yasnapresidenta.cl/wp-content/uploads/2021/08/Programa-Yasna-Provoste-Campillay-1.pdf
Paula Narváez Ojeda, partido Socialista
2. Protección integral a la infancia y juventud para un nuevo Chile
2.1 Nuestra opción por la infancia y las familias
Mediremos el bienestar de la niñez, como indicador del desarrollo y bienestar de la sociedad a través de la instalación del Observatorio de Bienestar de la Niñez y Adolescencia:
Propiciaremos una mirada transversal en el diseño de políticas públicas, tales como medioambiente, salud, diseño urbano, vivienda, transporte, energía, sistema de cuidado, condiciones laborales de madres, padres y/o cuidadores. Para esto construiremos indicadores de bienestar infantil para medir el impacto que tienen las políticas en el desarrollo y bienestar de niños, niñas y adolescentes. Este Observatorio pondrá particular atención sobre la población en especial situación de vulnerabilidad y discriminación: discapacidad, migrantes, LGTBIQ+, indígenas, hijos e hijas de personas privadas de libertad y personas en situación de calle.
Promoveremos y garantizaremos los derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes:
A través de programas educativo-sanitarios focalizados especialmente en niñas, niños y adolescentes y a cargo de la salud primaria universal, que provean información y acceso a los medios en igualdad de condiciones y sin discriminación, en sintonía con el derecho a una educación sexual integral. Rechazamos la limitación o vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes como la suspensión de la entrega de métodos anticonceptivos y las esterilizaciones forzadas con fines contraconceptivos, especialmente de aquellas más vulnerables como las que presentan alguna situación de discapacidad.
3. Nuevo Pacto: Garantizar los derechos sociales para todas las personas a lo largo de su vida.
3.1.3 Disminución del costo de los servicios básicos
Estableceremos gratuidad en el transporte para personas mayores, personas en situación de discapacidad y personas de bajos ingresos; al mismo tiempo, rebajaremos las tarifas para otros sectores de la población, logrando una disminución del gasto total en transporte de un 50% en promedio.
3.4 Seguridad ciudadana y el derecho a una vida libre de violencias
Cuarto, necesitamos abordar las violencias más allá de la seguridad pública. Necesitamos erradicar todas las manifestaciones de las violencias con espacial foco en la violencia intrafamiliar, de género, contra la discapacidad, las diversidades sexuales y el odio contra todo tipo de minorías.
3.6 Enfoque integral sobre discapacidad
Se estima que uno de cada ocho chilenos tiene alguna discapacidad, aproximadamente en uno de tres hogares vive una persona con discapacidad, asociadas a niveles de dependencia y pobreza. Para avanzar de verdad en una mayor inclusión, debemos promover una cultura inclusiva en cada uno de los ámbitos, integrada a todas las políticas públicas, que signifique un avance institucional en los servicios asociados a la atención de la discapacidad desde un enfoque integral que requiere un cambio de paradigma desde una perspectiva sanitaria a uno integral.
Cuidado y Dependencia:
Como ya se dijo anteriormente, crearemos un Sistema de Cuidado para una atención integral de la temática, para el mejoramiento de sus tareas, como también para alternativas de financiamiento a la tarea que cumplen en complemento a los servicios de salud, cuidadores y en especial cuidadoras, tarea que recae en un 97% en mujeres.
Educación:
Proponemos introducir curricularmente en todas las carreras de educación superior materias de inclusión y diversidad. Las y los profesionales, particularmente del área de la educación deben contar con herramientas para elaborar diagnósticos, colaborar en la promoción de una escuela inclusiva, y atención oportuna al educando, incorporando modelos de educación inclusiva.
Accesibilidad Universal y entornos inclusivos:
La necesidad de contar con ciudades, barrios y viviendas accesibles y universales es relevante y dotar al transporte público de más infraestructura para personas con necesidades funcionales específicas. Lo anterior incorpora los espacios de recreación, los servicios públicos, espacios privados y todos aquellos que hagan posible las personas en situación de discapacidad, logren acceder, trasladarse, usar, desplazarse en entornos para ser usados en condiciones de seguridad, igualdad y autonomía.
Ayudas Técnicas:
El programa de ayudas técnicas que se implementa desde diversos servicios públicos debe incrementar al menos en un 40% su presupuesto y redefinir su canasta de oferta. Así también debe mejorar la difusión de su oferta, hacer más sencilla su admisión y postulación, y posibilitando la disponibilidad de las ayudas técnicas a los requerimientos desde las regiones, descentralizando su articulación con el Programa Chile Solidario.
Salud:
Se requiere de más profesionales en el servicio público de salud. Se deben sumar a la tipificación y caracterización, las enfermedades raras o atípicas que se presentan, debiendo existir recursos para cubrir desde el diagnostico a la rehabilitación de éstas. En términos de acceso a prestaciones, se requiere incorporar al arancel de FONASA y a la cobertura de seguros privados de salud, las prestaciones de terapeutas ocupacionales, médicos especialistas en rehabilitación física y mental, así como también a técnicos ortoprotesistas.
Rehabilitación con base comunitaria:
La rehabilitación con base comunitaria consiste en una estrategia de atención que centra su diseño en la incorporación de la comunidad al proceso de rehabilitación del ciudadano que lo requiera. Se requiere que este modelo incremente su presencia en cada una de las comunas del país, particularmente en las zonas rurales.
Subsecretaría de la Discapacidad en el Ministerio de Desarrollo Social:
El Estado, no cuenta con la institucionalidad necesaria para enfrentar este tema. El Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) carece de atribuciones para promover y coordinar la inclusión y el respeto de sus derechos en todos los espacios de una vida digna para la igualdad de oportunidades. Proponemos crear una Subsecretaría de la Discapacidad que impulse de manera transversal el tema.
4. Estrategia sostenible de desarrollo y de trabajo decente y digno
4.2 Trabajo decente y digno como centro de nuestras preocupaciones
Mecanismos efectivos contra la discriminación:
Como se detallará más adelante, dotaremos de instrumentos efectivos a la ley sobre igualdad salarial para cerrar la brecha salarial de género en el sector privado y público. Velaremos por el destierro del castigo a las mujeres por la maternidad en el mercado de trabajo y en la seguridad social.
Actuaremos para terminar la discriminación a las disidencias sexuales en el mercado de trabajo, incluyendo medidas como el “cupo laboral trans”.
Consideraremos especialmente la realidad de las mujeres migrantes, pobres, rurales campesinas y asalariadas, indígenas y en situación de discapacidad, a fin de facilitar su acceso al trabajo y disminuir así el desempleo histórico de estas y otras mujeres.
6. Igualdad sustantiva de género
6.3 Promover una cultura de igualdad sustantiva de género
Promover la igualdad sustantiva de género será un eje transversal en todas las políticas públicas, evaluando y profundizando las normativas vigentes, al igual que en los proyectos de ley que se presenten al Congreso. Para ello consideraremos especialmente la realidad de las mujeres migrantes, pobres, rurales (campesinas y asalariadas), indígenas y en situación de discapacidad, a fin de asegurar sus derechos y disminuir la discriminación.
Incorporación de la población LGBTIQ+ en las estrategias de inclusión y diversidad de las empresas:
Promoveremos que las empresas reporten en sus Memorias Anuales las acciones que se lleven a cabo en sus estrategias de Derechos Humanos, siempre bajo el principio de debida diligencia (due diligence). También ampliaremos el alcance de la ley 21.275 “inclusión de verdad”, que establece la obligatoriedad de contar con personal capacitado para la inclusión de personas en situación de discapacidad, ampliando el requerimiento a la inclusión de personas trans, no binarias y a la diversidad sexual.
7. Ciudad, territorio, descentralización y cultura
7.2. Desarrollo urbano y rural equitativo
7.2.1. Ciudad y territorio con prioridad en las personas
Centros Culturales de Cuidado y Colaboración Vecinal en todas las comunas urbanas:
Esta iniciativa es parte del plan “ciudad compartida” y son espacios multifuncionales para el cuidado e interacción y fomento económico, cultural y ambiental. Infraestructura social inclusiva para todas las comunas con equipamientos multifuncionales para el cuidado e interacción de las personas y comunidades, en particular, niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas mayores, migrantes, LGTBIQ+, y en situación de discapacidad. Se trata de lugares de encuentro, donde de manera abierta se recibe a todos y todas no sólo para actividades “artísticas”, sino para desarrollo social y la activación barrial. Los modelos de valor y gestión de estos centros debiesen incluir profesionales del mundo de la cultura y la salud, aportando con actividades culturales orientadas a la educación, recreación y salud mental.
Fuente: https://www.paulapresidenta.cl/wp-content/uploads/2021/07/Programa-Paula-Narváez-01-07-2021.pdf
Carlos Maldonado Curti, partido Radical
Eje Salud
Discapacidad
En nuestro país hemos avanzado en reconocer el problema de la discapacidad, con un grupo de leyes y decretos que apuntan a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. Sin embargo, hasta el momento dicha legislación en temas de Discapacidad no se cumple, por ejemplo, el Decreto 50 del MINVU que es la nueva
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en donde se especifica que todos los edificios públicos o de acceso público deben tener accesibilidad universal, no se cumple. Por otro lado, está la Ley 21.015 que establece la inclusión laboral de personas con discapacidad y que tampoco se cumple, pues el Estado tiene que ser garante en este ámbito. Tampoco se cumple con la entrega de las ayudas técnicas para las personas con discapacidad.
Proponemos hacer cumplir la ley, y elevar al más alto nivel el problema de la discapacidad reemplazando el actual SENADIS a nivel de Subsecretaría.
Adultos mayores, cuidados y rehabilitación
Nuestros mayores deben ser protegidos en sus derechos a cuidados dignos si presentan enfermedades discapacitantes y se hacen más dependientes. Para ello elaboraremos y promulgaremos una Ley de Protección a la Dependencia exclusiva para Personas Mayores. No basta con el marco legal para asegurar buenos cuidados a los mayores, se requiere infraestructura especializada para ellos. Construiremos en la red de salud pública establecimientos asistenciales de tipo hospitalario para rehabilitar pacientes mayores: EREAM (establecimiento de rehabilitación de adultos mayores).
Trabajo
3.Para promover el trabajo para las mujeres proponemos expandir fuertemente la oferta de servicios de cuidado públicos, con horario extendido, tanto para niños, personas en situación de discapacidad física o mental, y adultos mayores no autovalentes.
Fuente: https://www.carlosmaldonado.cl/wp-content/uploads/2021/08/Programa_CarlosMaldonado_2022-.pdf
