El Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, participó en la décima primera sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), desarrollada en abril pasado en Washington, Estados Unidos, donde destacó la necesidad de garantizar el acceso a la justicia de las personas usuarias de servicios de salud mental, especialmente de personas con discapacidad psicosocial.
En su intervención, Mora Jano destacó que “Chile tiene una deuda importante en esta materia. En la actualidad, más de un centenar de personas que presentan antecedentes psicológicos o psiquiátricos esperan en recintos penitenciarios ordinarios que se libere un cupo-cama en recintos hospitalarios para que se les interne y para que sus facultades mentales sean evaluadas a fin de determinar su imputabilidad”.
El Defensor Nacional añadió que las personas que están en recintos penitenciarios “no reciben tratamientos adecuados y son obligados a realizar labores indeseadas y que menoscaban su dignidad”.
Además, dijo que “no existe una buena práctica que logre mejorar, de manera sustancial, la realidad que viven las personas con discapacidad psicosocial si no existe un compromiso real y serio por parte de la totalidad del Estado, destinando recursos materiales y humanos que garanticen realmente el acceso a justicia de estas personas”.
El Defensor Nacional enfatizó que el respeto irrestricto a la voluntad de las personas con discapacidad psicosocial no debe ser una premisa aplicada solo a ciertas personas en determinadas condiciones, sino que debe ser un elemento a considerar y respetar frente a cada uno de los usuarios, sin distinción de ningún tipo.
“Hemos entendido que debe ser un elemento a considerar y respetar frente a cada uno de nuestros usuarios, sin distinción de ningún tipo, incluso si se trata de una condición de capacidad mental o psíquica diferente”, comentó.
“Para casos en los que se ejerza la defensa penal de estas personas, se ha mandatado el deber de considerar la versión, la declaración y las instrucciones de nuestros representados o representadas, al punto de, por ejemplo, que nuestros defensores y defensoras no puedan contrariar los mandatos de la persona defendida si ésta expresa que no quiere que se ventilen sus antecedentes psicológicos o psiquiátricos, o bien, que no quiere que se adopte en su contra un procedimiento especial para personas consideradas penalmente inimputables”, agregó.
Además, Mora Jano destacó la importancia del uso de un lenguaje sencillo y claro para garantizar el acceso igualitario a la justicia, así como la necesidad de reforzar los puentes de relación interinstitucional entre los diferentes actores del sistema penal para tener sensibilización, preparación, capacitación y coordinación en la atención a personas con discapacidad intelectual o psíquica.
