Hace unos años conocimos por la prensa la historia de Darío Alfaro, joven estudiante de derecho con discapacidad visual, quien manifestó su interés por seguir la carrera de juez una vez terminados sus estudios. Sin embargo, él hizo latente que en Chile una persona “sorda, muda o ciega” no podía ser juez ni notario, aun cuando tuviera los estudios y las competencias.
Esta clara discriminación hacia las personas con discapacidad quedó derogada de la legislación nacional esta semana, cuando la presidenta Michelle Bachelet firmó la ley que permite a las personas con discapacidad ser jueces o notarios.
La nueva ley revierte lo establecido en el Código Orgánico de Tribunales, derogando los numerales del artículo 256 y el numeral 2° del artículo 465 que impedían acceder a los cargos de jueces y notarios, respectivamente, a personas sordas, mudas y ciegas.
Este es un avance concreto de nuestro país en generar medidas para la igualdad de oportunidades y la plena inclusión, porque Darío y muchos abogados y abogadas con discapacidad sensorial podrán optar por estos cargos. Sin embargo, aún nos falta camino para llegar a la plena inclusión social, porque esta ley era sólo una barrera, quedan muchas otras.
Tenemos que seguir el camino de Darío, seguir manifestando las falencias en nuestras leyes con argumentos claros, que motiven a nuestros parlamentarios a tomar acciones. Porque parte de nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas es visibilizar las barreras que la sociedad nos pone y cómo buscar una forma concreta de eliminarlas.
